La controversia de los principios ESG: el caso de Filipinas

Insights, Perspectives 2021
23/11/2021 por Luc D'hooge Tiempo de lectura: 5 minuto(s)
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Cuando los inversores consideran las cuestiones ESG como parte de su proceso de inversión, la mayoría de las veces se trata de empresas; pero detrás de cada empresa hay un país, un soberano. La forma en que se gobierna un país condiciona el funcionamiento de las empresas. Por lo tanto, el análisis ESG por países debería ser muy tenido en cuenta por cualquier gestor de inversiones.

Como gestores de deuda de mercados emergentes especializados en deuda soberana en divisa fuerte, centramos nuestro análisis en la situación del país. En los últimos años, la inversión ESG se ha definido claramente y se ha regulado de forma más estricta. Y, precisamente cuando se trata de deuda de mercados emergentes, debería ser una parte clave del proceso de inversión de todo inversor. En particular, la «G» (el «buen gobierno») desempeña un papel fundamental.

Muchos inversores utilizan criterios de exclusión a la hora de decidir dónde invertir. Esto supone cerrar la puerta a los países o emisores que no cumplen los criterios de selección ESG predefinidos. Aunque la exclusión es una estrategia válida, deja fuera a los países o emisores que están progresando en la mejora de sus credenciales ESG. En mi opinión, hay que premiar y animar a los rezagados que van rumbo al liderazgo. Pero ¿qué ocurre cuando un país tiene un tropiezo en materia ESG? ¿Cómo debe actuar un inversor activo y qué debe hacer en ese caso?

Para ilustrar esto, vamos a repasar un caso negativo de ESG y cómo debería actuar un inversor en bonos soberanos de mercados emergentes en tal situación.

Las controversias elevan el riesgo de gobierno

La propagación del coronavirus es un acontecimiento global, por lo que todos los países del mundo han tenido que tomar decisiones sobre cómo reaccionar ante la pandemia. Una pandemia fuera de control puede causar estragos en la economía de un país y afectar a la logística, el empleo, el comercio, etc. Filipinas, que representa una de las principales economías de los países emergentes con una población de casi 110 millones de habitantes, no ha salido bien parada a la hora de hacer frente a la pandemia.

Sustainalytics, una empresa que clasifica los países y las empresas en función de su comportamiento en materia de ESG, ha otorgado una clasificación «alta» a Filipinas por su «exposición a controversias». Este aumento en la clasificación de riesgo se debe a la mala gestión de la crisis del coronavirus por parte del Gobierno, en comparación con sus vecinos de la ASEAN, que ha provocado una situación médica complicada y un mayor impacto económico en el país.

Desde que el actual presidente Rodrigo Duterte asumió el cargo el 30 de junio de 2016, su política interior se ha centrado en la lucha contra el tráfico ilegal de drogas, al iniciar una controvertida cruzada contra las drogas, la delincuencia y la corrupción, al tiempo que ha respaldado las ejecuciones extrajudiciales de presuntos consumidores de drogas y otros delincuentes. Hasta octubre de 2020, la lucha contra el narcotráfico se había saldado con 5800 muertes y 256 000 detenciones de presuntos traficantes de estupefacientes. Desde su elección en 2016, las políticas de lucha contra el narcotráfico de Duterte han suscitado numerosas críticas, entre ellas, las de la ONU y Amnistía Internacional.

Según MSCI, desde el punto de vista de buen gobierno, el país se percibe con un riesgo medio en cuanto al nivel de democracia y libertad de prensa y con un riesgo alto en cuanto al estado de derecho y la corrupción.

Punto de inicio previo a la pandemia

Antes de la COVID-19, la economía filipina crecía en torno al 6 % anual (Banco Mundial) con una carga de la deuda pública inferior a la media mundial —del 42 % en términos del PIB del país (la media mundial es del 47 %*)—.

Aunque el foco de atención del Gobierno (o más bien del presidente) era la lucha contra el narcotráfico (según el Banco Mundial), algunas reformas significativas —como la Ley de Facilidad para Hacer Negocios o la Ley de Tarificación del Arroz, además de cambios centrados en la reducción de la pobreza y la inversión en infraestructuras públicas— mantuvieron la trayectoria de crecimiento económico.

El impacto crediticio ESG de las controversias

Hasta ahora, tanto la gestión de la pandemia como el gobierno del país por parte del presidente —que a menudo parece autocrático— no han tenido un impacto significativo en la percepción del mercado del riesgo de crédito de los bonos del Estado en circulación (en divisa fuerte) en comparación con sus homólogos Investment Grade, así como con sus homólogos de Asia (como puede verse en el gráfico siguiente).

  

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Creemos que existe un riesgo significativo de que la falta de acción en la prevención de la pandemia y la atención médica pueda tener un impacto en la economía y, por lo tanto, provocar una presión a la baja en la deuda negociable del país.

Perspectiva

Aunque estas controversias siguen sin resolverse, creemos que la postura actual del país deja poco margen para las oportunidades de inversión táctica, ya que los precios de los bonos no tienen en cuenta los riesgos ESG, que se han visto agravados por la pandemia, y también parecen ignorar el liderazgo autoritario del presidente Rodrigo Duterte.

Sin embargo, las elecciones de mayo de 2022 podrían ofrecer algunas oportunidades. Filipinas sigue siendo un país con potencial para los inversores en bonos; sin embargo, no estaría de más que el próximo Gobierno tomara medidas que mostraran la voluntad de avanzar hacia un modelo de gobierno más sostenible. Esto mejoraría su posición en materia de ESG, mejoraría las condiciones del pueblo filipino y, como resultado, ayudaría a proporcionar una base de crecimiento sostenible a largo plazo y, por lo tanto, atraería a los inversores.

* MSCI, Sustainalytics, a 30.10.2020.

  

 

  

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